1. Migraciones de Niños, Niñas y Adolescentes

Las migraciones internacionales son un proceso multidimensional que entraña un complejo contrapunto de riesgos y oportunidades para las personas, las comunidades y los Estados. Si bien las migraciones ofrecen salidas al desempleo, a la falta de perspectivas individuales y en algunos casos se traducen en formas de mejoramiento personal, también implican pérdidas de capital humano y social para los países y en repetidas oportunidades, suponen la vulneración de los derechos humanos, en especial cuando los involucrados son niños, niñas y adolescentes.

A pesar de los riesgos que implica la migración, sigue siendo para millones de latinoamericanos y caribeños la única esperanza de progreso y realización.

2. Area de Comunicación e Información del IIN y Andi (News Agency for Children's Rights) de Brasil abordan tratamiento de la temática de niñez y adolescencia en los medios de comunicación.

El Área de Comunicación e Información del IIN ha iniciado una tarea destinada a favorecer un mejor tratamiento de la temática de niñez y adolescencia en los medios masivos de comunicación. Para ello, se reunió en sesión de trabajo con la red Andi (News Agency for Children's Rights) de Brasil, organización especializada en la materia, para trabajar una estrategia conjunta que atienda e intente revertir aquellas tendencias inquietantes que sistemáticamente vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región.

3. Producción de Orientaciones Técnicas Institucionales (OTI) dentro del Area Jurídica del IIN.

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, con fundamento en sus atribuciones, colabora con las autoridades de los diferentes poderes del Estado, así como con diversas instituciones mediante la construcción de pautas integrales sobre la legislación, las políticas públicas y su práctica en beneficio de niños, niñas y adolescentes.

4. La recolección de datos y el monitoreo de los derechos del niño en América Latina y el Caribe.

La producción y difusión periódica de información confiable sobre la situación de la infancia en los países de América Latina y el Caribe representa un aspecto decisivo para el seguimiento de los progresos realizados en la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Buena parte de esta información es la que generalmente se conoce por medio de datos estadísticos. En nuestra región, los Estados Partes enfrentan grandes dificultades para obtener los datos analíticos sobre los niños, niñas y adolescentes en todas las esferas abarcadas por la Convención. Tomando como insumo de análisis las Observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño a los Estados Partes durante el período 2005-2008 , intentaremos abordar brevemente los principales obstáculos y desafíos presentes en este campo.

 
     
 

Reflexión de Andi
En la contemporaneidad, dicen los expertos en el tema, hay dos maneras principales de abordar la relación entre los medios de comunicación masivos y los derechos de la niñez.

  1. Una de ellas está vinculada a la capacidad del periodismo en fomentar un debate público contextualizado y plural alrededor de las políticas que ofrecen apoyo a la promoción, garantía y defensa de tales derechos.
  2. La otra se refiere al poder que tienen los contenidos mediáticos en influenciar el proceso de socialización de niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando son presentados bajo la forma de entretenimiento y de publicidad. Tal poder hoy sobrepasa, en muchas sociedades, aquello asociado a instancias tradicionalmente reconocidas como de gran potencial formativo, como la familia, la escuela y la iglesia.

Así, es natural que a lo largo de las últimas décadas venga creciendo la determinación de distintos sectores de la sociedad en estudiar la interfaz que conecta los medios a la agenda de la niñez. Como también es natural que herramientas como la Convención Sobre los Derechos del Niño (artículo 17) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (artículo 13, 4) establezcan principios generales para la implementación de políticas públicas relacionadas al sector de la comunicación y reclamen la necesidad de los Estados nacionales de poner en foco tales cuestiones.

Un nuevo escenario  - Desde los debates celebrados para la elaboración de la Constitución de los Estados Unidos – uno de los primeros documentos definidores de los regímenes democráticos modernos –, se consideró a la prensa como clave en el proceso de supervisión externa de los gobiernos que se estaban constituyendo. En el proceso de control de la corrupción, por ejemplo, los medios de comunicación eran percibidos como agentes cada vez más importantes, en lo que atañe a la información del electorado con respecto a los temas de interés público.
Además, otras dos funciones estratégicas del periodismo están hoy claramente identificadas. La primera es proveer a la sociedad con informaciones confiables y contextualizadas – de forma de fortalecer a los ciudadanos y ciudadanas, que así pueden conocer mejor sus derechos y exigir que se cumplan (contribución para el fortalecimiento del capital social). La segunda es colocar temas relevantes en la agenda pública de debates, de forma plural, nutriendo la capacidad de los tomadores de decisión para implementar políticas que atiendan a las necesidades e intereses de la población en general.
Al asumir dichos papeles, los medios de comunicación se convierten automáticamente en piezas muy importantes en lo relativo a aspectos tan esenciales como las estrategias de desarrollo, la protección y promoción de los derechos humanos en general – incluyendo, de manera particular, los derechos de la niñez y adolescencia – y la estructuración de las políticas públicas como un todo.

El contexto regional – Por otra parte, al mismo tiempo que esta situación evoluciona, las empresas del área de comunicación han ido adquiriendo paulatinamente – o se les han terminado concediendo – poderes añadidos. En otras palabras, los grupos de este sector pasaron de espectadores a agentes del proceso de desarrollo.
A su vez, diversos estudios diagnostican que en muchas naciones del continente americano, estas funciones tan relevantes de los medios se acaban viendo afectadas de manera negativa por la ausencia de un marco regulador democrático y consolidado. Tal contexto es resultado de – y retroalimenta – una historia marcada por la resistencia de las empresas de medios a discutir sobre asuntos que les afecten, por la limitada conciencia de ciudadanos y ciudadanas en relación a la centralidad de esta temática y por la omisión de los gobiernos en colocar atención a los vínculos entre comunicación y derechos de niños, niñas y adolescentes. Estas características dificultan el debate público y la adopción de medidas capaces de impulsar la evolución del modo como funciona la mayoría de las empresas de comunicación – especialmente en el caso de las emisoras de radio y de televisión.
Así, con pocas excepciones, los países de nuestra región siguen muy retrasados en relación a políticas de comunicación y niñez implementadas hace muchos años en gran parte de las democracias desarrolladas del mundo, como es el caso de Francia, Alemania, Suecia y Gran Bretaña. Entre otras medidas, es posible destacar la clasificación por edades de obras audiovisuales, la regulación de la publicidad infantil, las políticas de media literacy en las escuelas y el estímulo a la producción de contenidos mediáticos de calidad, por ejemplo.
No obstante, en muchos países los representantes de las empresas de los medios de comunicación defienden que sus actividades han de verse reguladas solamente por las leyes de mercado, olvidándose de la protección de los derechos de la población infantil y adolescente. Esa es una situación que afecta directamente el avance de democracias, recién consolidadas o en consolidación, por lo que demanda no solo la urgente realización de debates más profundos sobre el tema sino que la estructuración de políticas adecuadas.

Además, en relación a las emisoras de televisión y radio, el hecho de que exploten concesiones públicas, otorgadas con relación a parcelas del espectro electromagnético – que es un recurso natural limitado, propiedad de toda la sociedad – hace que su responsabilidad en producir y diseminar contenido de calidad sea indiscutible.

Foco en la transformación – En este sentido, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y Andi se ocupan actualmente de profundizar la discusión sobre dos importantes aspectos relacionados a los medios de comunicación:

  • Periodismo de calidad y el rol de las fuentes de información gubernamentales – La producción de mensajes periodísticos de calidad sobre la niñez y adolescencia es central para que el tema esté presente en la agenda pública de discusiones, las políticas públicas sean más reclamadas y los ciudadanos y ciudadanas sean mejor informados sobre las cuestiones fundamentales para la garantía, promoción y protección de los derechos de estos segmentos poblacionales. En este sentido, se hace necesario profundizar un debate sobre cómo las fuentes de información gubernamentales que trabajan la agenda de la niñez pueden desarrollar una cooperación más profesional y productiva con las salas de redacción.
  • Políticas públicas de comunicación y derechos de la niñez y adolescencia – Las funciones que cumplen los medios masivos merecen una atención especial si nos centramos en las edades más jóvenes – seres humanos en vías de desarrollo. Así, los medios de comunicación deben ser entendidos como instituciones para las cuales los Estados Nacionales deben producir marcos legales que tengan el reto principal de proteger, garantizar y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo cual significa tratar los tres grandes ejes de la comunicación: periodismo, entretenimiento y publicidad.
Volver arriba
 
     
 

Al respecto ha iniciado el desarrollo de Orientaciones Técnicas Institucionales (OTI) como un mecanismo de atención, análisis y reflexión a las distintas casuísticas y que por su amplia incidencia son asumidas como situaciones paradigmáticas y en virtud de lo cual, se elaboran con fundamento en los contenidos de la normativa del sistema interamericano e internacional, sobresaliendo la referencia de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Confiado en que las OTI representan un espacio de construcción participativa, el IIN agradece su opinión al respecto, así como la recepción de situaciones que considere puedan proyectar una orientación para los Estados en el hemisferio. http://www.iin.oea.org/IIN/novedaes_oti.shtml

Volver arriba

 
     
 

La recolección de datos y el monitoreo de los derechos del niño en América Latina y el Caribe

En el año 2004, el IIN difundía un diagnóstico realizado a partir de cuatro países de la región y en donde se afirmaba que “en términos generales los países analizados no cuentan con un sistema de información integrado que les permita realizar un seguimiento de la infancia a nivel local. La información recibida de las distintas instituciones es difusa, variada y en ocasiones no proviene de fuentes confiables”. El principal correlato de este problema ha sido la ausencia de datos disponibles sobre los variados temas de la infancia y la dificultad de los Estados para presentar información sistemática en sus reportes gubernamentales sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué avances se han observado desde entonces?

A través de sus Observaciones finales, el Comité de los Derechos del Niño ha resaltado algunos de los progresos realizados por los Estados durante los últimos años. Los progresos han estado vinculados fundamentalmente con la creación de nuevos órganos de producción, supervisión y/o difusión de datos estadísticos, la introducción de mejoras en las oficinas nacionales de estadística y los esfuerzos realizados para la sistematización de la información existente por parte de los órganos responsables de los programas de infancia. Entre las iniciativas destacadas por el Comité se encuentran el Sistema de Información Estadística de Derechos de la Niñez y Adolescencia (Costa Rica), el Sistema de Indicadores Sociales sobre Niños, Niñas y Adolescentes (Ecuador) y el Sistema de Vigilancia de Indicadores Infantiles (Surinam). Varias de estas iniciativas han sido desarrolladas con el apoyo de agencias internacionales.

No obstante, el Comité insiste sobre la inadecuación de los mecanismos existentes para recopilar, sistematizar y analizar datos estadísticos desglosados sobre los niños y adolescentes, así como la falta de un sistema central de gestión de la información para supervisar y evaluar los avances en la aplicación de la Convención y la implementación de programas y planes sociales.

Un problema recurrente señalado por el Comité en relación a la información presentada por los Estados es la falta de datos desglosados. El desglose de los datos y la amplia cobertura de los instrumentos de recolección permiten conocer con mayor detalle las disparidades existentes entre los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a diferentes grupos sociales. De esta manera, se busca contemplar los principios transversales de universalidad y no discriminación en la efectivización de los derechos establecidos en la Convención. El Comité le exige a los Estados Partes que presenten los datos estadísticos desagregados por edad/grupo de edad, sexo, zona urbana/rural, pertenencia a una minoría y/o grupo indígena, etnia, discapacidad, religión u otra categoría pertinente.

La ausencia de datos es especialmente grave para los casos de los grupos más vulnerables y marginados. Es preocupante la falta de información sobre los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, los que viven en la pobreza (fundamentalmente pobreza extrema) y/o en situación de calle, los que son víctimas de trata, explotación laboral y sexual, los indígenas y de otras minorías étnicas, los migrantes, los que no fueron inscritos después de nacer, los que no asisten a la escuela y los que se encuentran en el sistema de administración de justicia.

No caben dudas sobre las consecuencias negativas que producen estas deficiencias en materia de datos. De todas maneras, vale resaltar que ante la ausencia de este tipo de información se vuelve verdaderamente difícil identificar las problemáticas que siguen sin resolverse desde una perspectiva de derechos del niño y las medidas necesarias para remediarlas. Asimismo, se obstaculiza el monitoreo eficiente de las políticas, los planes y programas implementados, incluida la vigilancia de las asignaciones y los gastos presupuestarios.

Ahora bien, los desafíos que están planteados en el ámbito de la producción de datos no parecen una tarea sencilla ni un problema de fácil resolución en el corto plazo. De todos modos, es posible mencionar algunas orientaciones que, de generalizarse, seguramente ayudarían a superar varios de los escollos identificados.

Una primera medida sería la de aprovechar más eficientemente las fuentes de datos disponibles en los países. Prácticamente todos las fuentes existentes en los Estados (censos, estadísticas vitales, encuestas de hogares y encuestas específicas o temáticas) incluyen información sobre infancia. Lo que no se ve con frecuencia es que de allí se deriven reportes especiales a partir del procesamiento de datos existentes para generar indicadores de infancia de manera sistemática. Esta información debería estar disponible y ser difundida periódicamente, tal como lo expresa el Comité a través de su Observación General Nº 5.

También aprovechar los datos producidos desde las agencias internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, UNICEF y CEPAL, entre otros. Además de publicar periódicamente un conjunto de datos estadísticos de gran utilidad, ya sea recogiendo la producción de las fuentes nacionales antes mencionadas o publicando los resultados de encuestas propias y específicas sobre múltiples temáticas, estos actores han desarrollado algunos instrumentos para la recopilación de información y el monitoreo de las políticas públicas que no podemos obviar y que sin lugar a dudas deben ser considerados en futuros análisis.

Una segunda medida debería apuntar a diseñar los instrumentos para producir información sobre las temáticas menos visibles en materia de derechos del niño. Las vulneraciones graves de derechos como por ejemplo la explotación sexual o el maltrato y abuso, difícilmente puedan ser relevadas con las encuestas de hogares “típicas” desarrolladas por los institutos de estadística. Para ello, los Estados deberían ampliar sus mecanismos de recolección de datos primarios, incentivando la investigación y la cooperación con organismos internacionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, existen experiencias interesantes a ser contempladas en la región, como en el caso de encuestas periódicas aplicadas a los niños, niñas y adolescentes en las escuelas.

Un tercer aspecto está relacionado con el uso responsable de la información disponible y la posibilidad de revertir dos de las características comúnmente observadas en la región: por un lado, la manipulación oportunista de la información con fines políticos y, por el otro, la ausencia de una cultura de utilización de indicadores y datos en la formulación y evaluación de políticas y programas.

Antes de finalizar, no podemos dejar de mencionar una discusión todavía pendiente en esta materia. ¿En qué medida los indicadores existentes y legitimados en la actualidad nos permiten contemplar el panorama de la infancia desde un enfoque de derechos? Y aquí buena parte del problema radica en que ésta es una preocupación que ha involucrado más a los operadores de infancia que a los académicos, economistas y/o actores vinculados a la producción de datos estadísticos. Los operadores de infancia han abogado por la generación de indicadores desde la perspectiva de la Convención y a su vez han manifestado largamente la voluntad de integrar la opinión de los niños, niñas y adolescentes en todo el proceso de la recolección de datos. Si bien estos planteos no enfrentan barreras insoslayables para su desarrollo y realización, por el momento han tenido poco eco en los ámbitos científicos y en las esferas de toma de decisiones dentro del Estado.

Las iniciativas que puedan surgir en este sentido así como sus posibilidades de implementación deberán considerar, fundamentalmente, la visión integral que propone el enfoque de derechos humanos y revisar la capacidad instalada de los Estados para llevar adelante los cambios propuestos. Otros aspectos centrales, como por ejemplo la voluntad política de las autoridades, las prioridades de financiamiento de la cooperación internacional o la metodología empleada en la construcción de indicadores que permita traducir fácilmente un dato en una medida de política pública, también deben ser considerados en el proceso.

La recopilación de datos sobre la situación de la infancia y la aplicación de la Convención en un país es un tema bastante más amplio que los elementos señalados en este texto. Esperamos simplemente haber incorporado con este breve análisis nuestro aporte a la temática abordada, esperando que ello estimule el debate y la generación de instancias de diálogo abierto y participativo que permita involucrar a una gama cada vez más amplia de actores.

Mathias Nathan
Especialista del Área de Promoción y Protección de Derechos
mnathan@iinoea.org

 
 
Volver arriba