Panamá, 2000

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Las Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Infancia y la Adolescencia de los países iberoamericanos convocados en la ciudad de Panamá, República de Panamá, los días 26 y 27 de octubre del año 2000, en el marco de la X Cumbre Iberoamericana, bajo el lema "Unidos por la Niñez y la Adolescencia, Base de la Justicia y la Equidad en el Nuevo Milenio", hemos reflexionado sobre el cumplimiento de las metas de la pasada década, los compromisos asumidos en las reuniones ministeriales que nos han precedido y los retos a los que se enfrentan las nuevas generaciones de niñas, niños y adolescentes, y queremos por tanto expresar nuestra visión para el nuevo siglo.

Considerando que:

1. Los gobiernos de los países iberoamericanos nos enfrentamos a una serie de nuevos retos que obligan a reflexionar sobre las políticas y la importancia estratégica que tiene la inversión en la niñez y la adolescencia en un marco de derechos, a repensarlas de manera que le permita a nuestros países afrontar con éxito la pobreza y superar los factores estructurales subyacentes, que cercenan las posibilidades del desarrollo y la plena inserción inmediata de nuestros niños, niñas y adolescentes en la vida nacional.
2. En algunos países Iberoamericanos, debido a la implementación de ciertas estrategias de desarrollo, programas de ajuste estructural, el proceso de globalización y asuntos no resueltos de acceso inequitativo a los mercados, las variables sociales y culturales han sido relegadas a un segundo plano, profundizando de esta manera, las desigualdades y la exclusión y dando prioridad al crecimiento económico. Por consiguiente, la inversión social, si bien ha aumentado, sigue siendo insuficiente. Similarmente, la reducción de la asistencia oficial al desarrollo ha impactado negativamente el desarrollo social y económico en algunos países de la región.
3. La imposición de leyes de efectos extraterritoriales y de medidas unilaterales contrarias al Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, obstaculizan el desarrollo económico y social de las poblaciones de los países afectados, en particular de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
4. A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por sanear nuestras economías, América Latina sigue siendo la región más inequitativa en términos de la distribución de la riqueza. Se han reducido los desequilibrios económicos y financieros, como se refleja en las menores tasas de inflación y la recuperación gradual del crecimiento, pero no se han acortado las brechas sociales que se manifiestan en elevados niveles de pobreza y en un acceso muy desigual a los servicios sociales, reflejo de ello son los datos oficiales de las agencias y organismos especializados del sistema de Naciones Unidas:

• Casi el 60% de las niñas, niños y adolescentes iberoamericanos menores de 18 años sufren de algún grado de pobreza.

• Solamente el 17% de los niños y niñas entre 4 y 5 años tienen acceso a algún tipo de educación inicial, de modo que: más de 45 millones de niñas y niños que ingresan a la escuela lo hacen con una enorme desventaja; el 20% de ellos lo hace tarde; el 42% repite el primer grado y más de la mitad de los adolescentes están fuera de las aulas.

• Entre 18 y 20 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años en la región son víctimas se enfrentan a la explotación económica y al trabajo infantil de acuerdo con datos facilitados por la OIT en el presente año.

• Se estima que cada año, al menos seis millones de personas menores de 18 años son también víctimas de agresión física severa y de éstas se estima que 85.000 mueren por causas asociadas a la exclusión social y a la violencia que se inicia en el interior de las familias.

• Durante 1998 ocho mil niños y niñas menores de 14 años contrajeron el VIH/SIDA y 400.000 personas lo hacen anualmente en los países de la región.

• En América Latina anualmente cincuenta mil niños y niñas quedan huérfanos como consecuencia de complicaciones de sus madres durante el embarazo, parto o puerperio en sus dos terceras partes.

• Aproximadamente dos millones de adolescentes dan a luz anualmente, con mayores posibilidades de morir por causas asociadas al embarazo precoz.

• El 80% del consumo de tabaco, drogas y alcohol se inicia antes de los 18 años.

• La mortalidad de los adolescentes y jóvenes varones es tres veces mayor por accidentes y seis veces mayor por homicidios que para las mujeres adolescentes y jóvenes.

1. El papel rector y normativo del Estado para garantizar el derecho al desarrollo, como derecho universal e inalienable, que comprende, entre otros aspectos, la accesibilidad a los servicios básicos de salud y educación, la igualdad y la justicia social.
2. Que los niños, niñas y adolescentes deben estar plenamente preparados para una vida independiente en sociedad y ser educados en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y en particular en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
3. La manera más eficaz de luchar contra la pobreza, lograr la equidad y la justicia social mediante la inversión en los niños, niñas y adolescentes, en particular en los programas universales como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, la recreación y el deporte, entre otros.
4. Los valores democráticos se consolidan en una cultura de derechos y en la construcción de la ciudadanía, como lo consagra la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por todos los países Iberoamericanos y que la condición ciudadana de la niñez y la adolescencia requiere la consideración de esta población como sujetos de derechos civiles y políticos, así como de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo su derecho a ser escuchados.
5. Los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos y de no discriminación hace inaceptable toda acción negadora de derechos, sea cual sea la causa invocada, y que el principio del interés superior del niño y de la niña debe ayudar a garantizar la efectividad del cumplimiento de todos los derechos, rechazando tanto la arbitrariedad como la discrecionalidad de su aplicación.
6. El rescate de las familias, como grupo fundamental de la sociedad para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños, niñas y adolescentes, debe ser la base para el diseño, la ejecución y la evaluación de planes y políticas públicas, así como debe recibir la protección y asistencia necesarias.
7. La inclusión plena de los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales en todos los ámbitos de la vida nacional, particularmente de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o pertenecientes a pueblos indígenas u otros grupos poblacionales que han permanecido excluidos.
8. El importante papel que hoy tiene la sociedad civil en la defensa de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes como garante de su ejercicio efectivo.

1. Promover las reformas legislativa e institucionales necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.
2. Adoptar y poner en ejecución las políticas y estrategias que garanticen los derechos a la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a las orientaciones emanadas de las diferentes Reuniones Ministeriales preparatorias de esta X Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefa de Estado y de Gobierno.
3. Dar prioridad al cumplimiento de los compromisos específicos por sector, adoptadas en la I Conferencia Iberoamericana, La Habana, en 1999 y que pudiesen estar en proceso de lograrse.
4. Aplicar los principios del interés superior de los niños, niñas y adolescentes sin discriminación y equidad e igualdad de género y participación como ejes transversales en la formulación y aplicación de políticas económicas y sociales.
5. Dar prioridad a los programas dirigidos a los niños, niñas y adolescentes en las políticas para luchar contra la pobreza con el fin de reducir el nivel de pobreza extrema en un 50% para el año 2015, según resolución 55/2 de la Declaración del Milenio.
6. Disminuir la exclusión y las desigualdades de los niños, niñas y adolescentes en el acceso a los recursos, bienes, servicios y oportunidades mediante el acceso a los programas universales y específicos.
7. Impulsar la desjudicialización de los conflictos que afectan niños, niñas y adolescentes víctimas de problemas sociales, impulsando políticas, programas y servicios que privilegien medios alternativos al judicial para su resolución. En ningún caso la sola carencia de recursos económicos será razón suficiente para la intervención judicial o la separación del niño, niña o adolescente de su grupo familiar.
8. Elevar los niveles de inversión en las políticas sociales de atención y protección de los niños, niñas y adolescentes, dentro del gasto público, entendido como inversión social, para avanzar hacia un mayor desarrollo humano sostenible.
9. Reducir la vulnerabilidad de las familias más pobres, en particular de los niños, niñas y adolescentes, ante los desastres naturales.
10. Universalizar el registro de los niños y las niñas inmediatamente después de su nacimiento, tomando las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para el cumplimiento de este fin.

Segundo: Garantizar el respeto a la dignidad

11. Promover una formación en valores democráticos, tanto en las familias como para las y los educadores y otros agentes de socialización, que incorporen la convivencia sin agresión, el respeto y la valoración de la diversidad, la comunicación, la solución pacífica de conflictos y la solidaridad.
12. Adoptar convenios y promover tratados bilaterales para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en adopción y evitar el secuestro, el tráfico, los traslados y retenciones ilícitas de éstos en el extranjero.
13. Instar a la ratificación y aplicación del Convenio de La Haya relativo a la protección y a la cooperación en materia de adopción internacional y la Convención sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en adopción y evitar el tráfico y secuestro de los mismos.
14. Desarrollar políticas, planes y programas para la erradicación progresiva del trabajo infantil y la eliminación inmediata de las peores formas de trabajo que afectan a niños, niñas y adolescentes y regular las condiciones laborales de los y las adolescentes por encima de la edad mínima de admisión, instando a ratificar los Convenios 138 y 182 de la OIT y aplicando las medidas para su cumplimiento a través de planes de acción que definan metas específicas.
15. Reafirmar el compromiso de nuestros gobiernos con el Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT, y exhortar a que dicho programa continúe facilitando su valiosa cooperación.
16. Promover en todos los países, el diseño y la puesta en ejecución de planes o programas específicos orientados a eliminar todas aquellas situaciones que conducen a la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes, implicando corresponsable y activamente en las medidas a adoptar a las familias, a las ONGs, al sector empresarial y turístico y a los medios de comunicación, y establecer medidas penales para aquellas personas que se vinculan a esta violación de sus derechos.
17. Establecer procedimientos para la protección y restitución de los derechos a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de diferentes formas de maltrato, abuso y violencia y poner en ejecución mecanismos judiciales oportunos y humanizados.
18. Eliminar toda forma arbitraria o ilegal de privación de la libertad instrumentando medidas alternativas a la institucionalización.
19. Dar prioridad a la aplicación de medidas socioeducativas para los adolescentes en conflicto con la ley penal, disminuyendo progresivamente las sanciones privativas de libertad. Asegurar el debido proceso y el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.
20. Adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de las niñas, niños y adolescentes reclutados o afectados por un conflicto armado y garantizar su recuperación física, psicológica y su reintegración social, especialmente en el sistema educativo.
21. Elaborar un Código Ético con la participación de las instituciones y medios de comunicación masiva, para evitar mensajes violentos y propiciar la transmisión de noticias y mensajes informativos cuyos contenidos e impacto directo puedan ser evaluados positivamente en la formación de valores en los niños, niñas y adolescentes.
22. Promover el funcionamiento sistemático y transparente de los sistemas de información regionales, nacionales y locales, para el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
23. Promover la creación y desarrollo de indicadores sobre asignación del gasto en los distintos niveles administrativos, con el fin de fomentar (o estimular) la movilización social en torno al tema y poner en ejecución mecanismos que promuevan la auditoría social y la cultura de rendición de cuentas.
24. Brindar alta prioridad a la ejecución de programas preventivos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, sobre la drogadicción, incluidos el alcoholismo, tabaquismo, inhalantes, depresores y estimulantes y su tratamiento y rehabilitación, así como impedir que sean utilizados en el cultivo, producción y tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
25. Asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes, incluyendo aquellos con discapacidades, a recibir servicios adecuados, la atención y la educación conforme a sus necesidades. Asimismo, crear los mecanismos para apoyar a sus familias o a quienes les atiendan y su integración plena a la sociedad.

Tercero: Promover la práctica de los valores humanos en un ambiente de vida familiar responsable

26. Fortalecer políticas y programas que promuevan la estabilidad de las familias como instancia de organización y socialización, como espacio privilegiado para el afecto, la participación y el desarrollo humano integral de todos los miembros de la misma, y en particular de los niños, niñas y adolescentes, a través de medidas que permitan a éstas ofrecer medios y oportunidades para el desarrollo de las capacidades y potencialidades de sus hijos.
27. Fortalecer programas y proyectos para la prevención y la atención del maltrato, el abuso y el abandono de las niñas, niños y adolescentes, promoviendo el respeto, la confianza y el apoyo mediante la comunicación y el diálogo, la valoración de las opiniones y sentimientos de sus integrantes y el respeto de los derechos que tiene cada persona.
28. Diseñar y ejecutar políticas que permitan conciliar las responsabilidades familiares y laborales y promover una equitativa distribución del trabajo del hogar.
29. Promover la protección social de la maternidad y paternidad, estableciendo licencias laborales e impulsando programas de calidad para el cuidado de los niños y las niñas cuyos padres y madres trabajan, en particular para las familias en situación de dificultad social.

Cuarto: Garantizar el derecho a la vida y la salud

30. Asegurar el acceso universal a la atención primaria de salud, el acceso al agua potable y eliminación de excretas, nutrición adecuada incluyendo micronutrientes, vacunación y educación para la prevención de enfermedades y exposición a riesgos emergentes que atentan contra la salud, en particular de las niñas, niños, adolescentes y madres adolescentes y reforzar las políticas de desarrollo infantil y maternidad segura orientadas al aumento en la cobertura de niños y niñas desde el nacimiento hasta los cinco años.
31. Fomentar el conocimiento y la formación integral de los niños, niñas y adolescentes, así como de la familia y la comunidad, sobre salud sexual y reproductiva, que respete las especificidades culturales, con particular énfasis en las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA con la participación de los y las adolescentes, de la familia y de la comunidad.
32. Extender los sistemas de salud al mayor número posible de familias, asegurando que los efectos de la reforma del sector, en ejecución en diversas latitudes, permita incrementar la oferta de servicios de promoción, prevención, curación y rehabilitación.

Quinto: Garantizar el derecho a la educación

33. Aumentar la cobertura de los programas de estimulación temprana y educación inicial de niños y niñas desde su nacimiento hasta los cinco años.
34. Asegurar el acceso universal a una educación obligatoria, gratuita y de calidad hasta el noveno grado para desarrollar las potencialidades de todos los niños y niñas, mediante la adopción de medidas adecuadas para estimular la asistencia escolar y reducir la deserción escolar y los niveles de repetición.
35. Aumentar la cobertura de la educación secundaria formal y no formal, académica o técnica para los y las adolescentes, evitando toda actividad de trabajo adolescente que interfiera con su derecho a la educación.
36. Reforzar políticas dirigidas a las poblaciones indígenas y otros pueblos con identidad cultural propia, que consideren la educación en sus lenguas originales, además de la lengua oficial, para incentivar y permitir la permanencia de estos niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.
37. Adoptar medidas en los Ministerios de Educación que garanticen el derecho de las niñas y adolescentes embarazadas a permanecer en el sistema educativo sin discriminaciones, hasta el término de sus estudios y que aseguren el cuidado y protección integral de la propia niña y adolescente.
38. Promover la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas especiales y velar por ella en todos sus niveles. En cuyo caso los centros educativos deben efectuar las adaptaciones necesarias y proporcionar los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las personas a la educación sea efectivo.

Sexto: Reconocer el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes

39. Promover la participación activa de la sociedad, en los niveles nacional, estatal, municipal y local para garantizar la práctica y el pleno disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
40. Garantizar la demanda del ejercicio de los derechos por parte de todos y todas, propiciando la organización de sistemas de vigilancia nacional y local de los derechos de niños, niñas y adolescentes con participación de la sociedad civil, y, en especial, el fortalecimiento e inserción de mecanismos e instituciones públicas de promoción y protección integral de sus derechos.
41. Promover la participación de niños, niñas y adolescentes, estimulando la construcción de su identidad social y del sentido de pertenencia a su comunidad, a su país y a las tradiciones iberoamericanas, incluyendo sus recomendaciones e iniciativas en las políticas y programas adoptados.
42. Garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones y respecto a la adopción de medidas que les afecten en todos los ámbitos de su desarrollo en función de su edad y madurez.
43. Llevar a cabo acciones para que las familias, las escuelas y las comunidades se conviertan en escenarios privilegiados para, con y de los niños, niñas y adolescentes que permitan construir espacios que fomenten el diálogo, la concertación y el ejercicio de la participación democrática.

Séptimo: Garantizar el acceso a la cultura y a los avances científicos y tecnológicos

44. Incentivar la formación de las niñas, niños y adolescentes en valores y actitudes basados en el respeto al pluralismo y la diversidad étnica y cultural que contribuyan al logro de una ciudadanía más consciente y participativa, solidaria y justa en un entorno social y económico cambiante.
45. Promover el derecho de los niños, niñas y adolescentes al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural, en el deporte y en las artes, como actividades sustantivas en el desarrollo de una personalidad sana en lo físico, mental, emotivo y social.
46. Garantizar el derecho equitativo y sustentable para que los beneficios de la ciencia y la tecnología favorezcan y brinden igualdad de oportunidades a los niños, niñas y adolescentes.
47. Asegurar todas las acciones de cooperación e integración en ciencia y tecnología que permita elevar la calidad de vida y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Octavo: Cooperación Iberoamericana y seguimiento de acuerdos

48. Asegurar mecanismos iberoamericanos de cooperación para el desarrollo, seguimiento y evaluación de la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a partir de los cuales se pueda formular, instrumentar y ejecutar un Plan Iberoamericano de Acción y el diseño de instrumentos comunes de evaluación de las metas mundiales y regionales.
49. Instar a la Secretaría Iberoamericana de Cooperación (SECIB) para que, con el apoyo y asistencia técnica de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y otros organismos de cooperación internacional, se formule un proyecto regional que permita el diseño e implementación de instrumentos estandarizados para evaluar la calidad y pertinencia de los programas educativos, de salud, y de todos los ámbitos pertinentes al desarrollo y que dichos instrumentos, informaciones y resultados se difundan en las instancias correspondientes del Estado y la sociedad.
50. Apoyar la construcción y consolidación de redes intergubernamentales y no gubernamentales como una contribución al capital social de nuestra comunidad iberoamericana. La Red Intergubernamental Iberoamericana por la lucha contra la pobreza (RIBERLUP) que se constituyó en Madrid en noviembre de 1999, es una iniciativa valiosa en esa dirección.
51. Promover la capacitación sistemática y continua de los recursos humanos nacionales en las áreas de formulación, ejecución y monitoreo de programas y proyectos sociales como herramienta para el fortalecimiento y profesionalización de las instituciones públicas del sector social.
52. Promover el apoyo de la cooperación internacional para el intercambio horizontal de experiencias entre los países iberoamericanos de programas y proyectos dirigidos a los niños, las niñas, adolescentes y familias.
    
53. Apoyar la gestión de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (SECIB) para la ejecución y seguimiento de los proyectos aprobados en la I Conferencia Iberoamericana de Altos Responsables de Infancia y Adolescencia celebrada en La Habana, Cuba.

Agradecer con admiración, las múltiples atenciones recibidas del Gobierno de Panamá, de su pueblo y en especial de la Señora Ministra, Su Excelencia Alba Tejada de Rolla, así como el esfuerzo de la Secretaría Técnica y de las Comisiones Especiales que han hecho posible el éxito de esta II Conferencia Iberoamericana.